Considerando:

1. Que el Principio 10, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo establece la participación de los diferentes grupos de la sociedad civil a fin de avanzar en los procesos de desarrollo sostenible, mismo que ha sido ratificado en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible en 2002 y reafirmado en la Declaración del Milenio de 2005.
2. Que en 2002, en Cartagena, Colombia, los gobiernos ratificaron la práctica anual del PNUMA para organizar el Foro Mundial de la Sociedad Civil, conjuntamente con el Consejo de Administración del PNUMA/ Foro Ambiental Mundial a nivel Ministerial, al adoptar la decisión SSVII.5, la cual requiere que “El Director Ejecutivo continúe la actual práctica de convocar a la sociedad civil a un foro regionalmente objetivo y representativo, adyacente a las reuniones del Consejo de Administración/ Foro Ambiental Mundial a nivel Ministerial consultando muy de cerca a la sociedad civil”.
3. Que la declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos de la OEA es obligación de los Estados garantizar la participación ciudadana de manera directa en los asuntos públicos y de gobierno para el pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles.
4. Que una condición para el desarrollo sustentable es la participación directa, amplia, representativa e inclusiva para garantizar la construcción de políticas publicas para medio ambiente y desarrollo sostenible, así mismo se constata que existe un creciente interés de participación y acción por parte de las organizaciones de la sociedad civil de América latina y el Caribe
5. Que es importante reconocer las experiencias de las reuniones entre la sociedad civil y el PNUMA, y considerando que es el momento para fortalecer los objetivos del desarrollo sostenible que promueven políticas y mecanismos que apoyen el trabajo del PNUMA y sus gobiernos miembros.
6. Que la importancia de la Decisión 6 sobre la participación de la sociedad Civil, es una expresión de los acuerdos de los Estados Miembros del Consejo de administración de PNUMA para intensificar la armonización del desarrollo y agendas ambientales a través de la consulta y participación en programas de trabajo del PNUMA y otras agencias relevantes de la ONU.
7. Reconociendo la importancia de estos procesos, la sociedad civil reunida los días 29 y 30 de octubre de 2005 en la Ciudad de Caracas, Venezuela, en el Séptimo Foro Regional de América Latina y el Caribe, declara lo siguiente:

Fortalecer La participación y organización de la sociedad civil de América latina y el caribe:
1. Los puntos declaratorios I y III, de la Declaración de la Sociedad Civil del 2004, se mantienen vigentes por lo que las organizaciones de la sociedad civil reunidas harán los esfuerzos pertinentes desde sus países para instrumentar los acuerdos con apoyo de los Coordinadores de las Sub-regiones.
2. El Foro de la Sociedad Civil de ALC reunidos en la ciudad de Caracas, Venezuela, decide crear una Secretaria Ejecutiva de la Coordinación Regional. Las coordinaciones sub-regionales propondrán el trabajo del secretariado que contendrá:

a) Constitución de una instancia de articulación permanente de la sociedad civil para la interlocución con PNUMA y su Consejo de Administración y las reuniones internacionales de medio ambiente y desarrollo sostenible.
b) Convocar reuniones regionales y sub-regionales preparatorias previas, para la discusión de documentos, propuestas, planes y programas, estas podrán ser virtuales.
c) Difusión de documentos oficiales para la revisión sub-regional que permita la construcción de propuestas y el análisis previo a las reuniones entre PNUMA y la sociedad civil.
d) Estrategia de comunicación efectiva entre PNUMA y la instancia de articulación creada por la sociedad civil, para facilitar la difusión de información y la participación directa en la elaboración de propuestas y toma de decisiones.
Estas Coordinaciones Sub-regionales habrán de dirigir sus esfuerzos a las siguientes tareas:
a) Coordinación de las Organizaciones de la Sociedad Civil a niveles regionales y sub-regionales.
b) Implementación de una estrategia de información y comunicación.
c) Constitución de equipos y representaciones nacionales, con apoyo de los Consejos Consultivos Nacionales para el Desarrollo Sustentable y/u otras instancias mixtas de concertación, ya que es un mandato desde la Cumbre Río manifestado tanto en su declaratoria como en la misma Agenda 21 y ratificado en la Cumbre de Johannesburgo.
d) Colaborar con el PNUMA para la continuar con el desarrollo y coordinación de trabajo sobre Indicadores para el Monitoreo de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña, los Objetivos de la Declaración del Milenio y Agenda 21.
e) Establecer una estrategia para atender y participar de manera activa en lareuniones ambientales
3. Para el año 2006 Venezuela será sede del Foro Social Mundial, es una oportunidad para que las Organizaciones miembros de la Coordinación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para Medio Ambiente y Desarrollo se reúnan para continuar con las reflexiones y desarrollar alianzas integrando la dimensión ambiental en agenda del Foro Social. Será un momento propicio para mejorar el trabajo organizacional y nos dará herramientas para fortalecer a la madurez colectiva necesaria y nuestra visibilidad política como COSC de América Latina y el Caribe.

Aportes y consensos a los temas de Manejo de Químicos, Energía y Medio Ambiente, Turismo y medio Ambiente y Gestión Ambiental Compartida.

III.1. Manejo de Químicos:

Con la finalidad de lograr la meta 2020: “los químicos sean utilizados y producidos en formas que nos guíen a minimizar significativamente los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente”, solicitamos a nuestros Ministros de Ambiente que:

A nivel internacional y con urgencia, que instruyan a sus representantes gubernamentales presentes en la I Conferencia Internacional de Manejos de Químico (Dubai, 4-6 febrero del 2006) para finalizar el proceso constructivo de Enfoque Estratégico para la Gestión de Químicos a Nivel Internacional (SAICM), que defiendan y garanticen los siguiente puntos:

• SAICM representa un compromiso político, moral y ético hacia el logro de la meta del 2020.
• Exigir fondos sustanciales, nuevos, así como instrumentos fiscales para mantener fondos adicionales para la implementación de SAICM.
• Incluir medidas para eliminar, requerir substitutos más seguros y brindar soluciones cuando un químico represente una amenaza inmanejable a la salud o al ambiente, bajo condiciones ordinarias de uso en un país.
• Incorporar los principios y abordajes de la agenda 21, la Declaración de Río y otros acuerdos internacionales relevantes, incluyendo el principio de precaución, responsabilidad y compensación, participación pública, desarrollar leyes que garanticen el derecho a información, e implementar el principio del que contamina paga.
• Profundizar el proceso participativo, multisectorial, y con todos los interesados basándose en las prácticas del Foro Internacional de Seguridad Química (IFCS por sus siglas en inglés), asignando mayor autoridad e integrándolo de mejor manera dentro del sistemas de Naciones Unidas y creando un secretariado.

A nivel regional que:

• Consolidar un acercamiento sobre el manejo de químicos mediante la nacionalización y maximización de sinergias entre BASIL, Estocolmo, POP y Acuerdos de Medio Ambiente Multilaterales en materia de químicos.

• Desarrollen políticas y estructuras que promuevan: educación, participación, derecho a la información, transparencia, desarrollo de capacidades e implementación de acuerdos internacionales.

• Implementen con participación plena de la sociedad civil la Convención de Estocolmo sobre COPs y sus acuerdos, empezando por su ratificación y planes de implementación. Así como también consideren la inclusión de nuevas sustancias a la lista de COPs como el metil mercurio y el Lindano

III.2. Energía y Medio Ambiente:

Considerando:

Que el actual modelo de desarrollo se basa en patrones de producción y consumo insostenibles, que promueven indefinidamente el uso de combustibles fósiles y mega centrales hidroeléctricas de alto impacto ambiental, social y cultural, lo que no se corresponde con las necesidades reales de las comunidades y de los pueblos de la región latinoamericana;

Que las actividades energointensivas de la región son responsables de la generación de gases de efecto invernadero, contribuyendo al fenómeno del Cambio Climático;

Que la demanda de energía y la intensidad energética se incrementan a un ritmo superior al crecimiento económico de los países de la región,

Instamos a los gobiernos de la región a:

1. Reposicionar y redefinir en América Latina la meta planteada en la Cumbre Mundial de Johannesburgo en torno a la incorporación de al menos un 10% de energías renovables en las matrices energéticas nacionales, considerando exclusivamente aquellas energías renovables no convencionales y sustentables, como eólica, solar, biogás, biomasa, geotérmica, mareomotriz y pequeñas centrales hidroeléctricas;

2. Que en un plazo máximo de 5 años, se desvincule la demanda de energía y la intensidad energética respecto del crecimiento macroeconómico en los países de la región, a través de iniciativas de eficiencia energética sostenidas en el mediano y largo plazo;

3. Articular e implementar un plan de acción de energía renovable sostenible, particularmente ahora que las alternativas renovables son comercialmente viables en mercado actual de energía.

4. Remover los obstáculos al desarrollo de la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales y sustentables en la región, a través de:
• marcos regulatorios favorables a la participación de las energías renovables sustentables, particularmente en los sistemas de interconexión eléctrica;
• una institucionalidad apropiada al fomento de las energías renovables y la eficiencia energética en los países de la región
• mecanismos de fomento e incentivo para la eficiencia energética y el uso de las fuentes renovables no convencionales y sustentables de energía;

5. Fomentar la investigación, el intercambio regional y local de nuevas tecnologías de eficiencia energética y aprovechamiento de las fuentes renovables no convencionales y sustentables de energía;

6. Promover procesos de formación y capacitación conducentes al desarrollo de una cultura de eficiencia energética;

7. Desarrollar mecanismos participativos en la toma de decisiones para la evaluación estratégica de los proyectos energéticos a nivel nacional, regional y local, que consideren:
• consideren los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos de dichos proyectos;
• respondan a las legislaciones nacionales y a las Convenciones y Acuerdos internacionales sobre medio ambiente suscritos por los gobiernos;
• consideren los derechos de las comunidades rurales e indígenas

8. Estimular mecanismos de comunicación alternativos que contribuyan a transparentar la información sobre proyectos energéticos nacionales y regionales.

9. Establecer metas nacionales para revertir yvitar los procesos de deforestación, contaminación y alteración de cuencas hidrográficas, con énfasis en la expansión urbana, la producción forestal no certificada, la agroindustria intensiva y la producción minera;

10. Reconocer las áreas boscosas, especialmente Amazonía, como áreas prioritarias de conservación, garantizando la protección de la biodiversidad, la permanencia de las comunidades y la defensa de su patrimonio natural y cultural;

III.3. Turismo y Medio Ambiente:

1. Denunciamos los impactos negativos del turismo sobre el medio ambiente (tales como el uso excesivo de energía, la presión sobre los recursos hídricos y la destrucción de importantes ecosistemas) y las culturas locales, provocando especulación inmobiliaria, la expulsión de poblaciones tradicionales y la concentración de renta. Los más afectados son las mujeres y adolescentes (afectados por el turismo sexual), los afro descendientes y los pueblos indígenas y otras victimas de racismo. Denunciamos a las políticas gubernamentales y mecanismos de financiamiento por los bancos multilaterales orientados por una visión neoliberal, agravados por las negociaciones de liberalización del sector turístico dentro de la Organización Mundial de Comercio (GATS).

2. Como turismo sustentable entendemos un turismo éticamente y socialmente justo, ambientalmente sustentable, y económicamente viable, con un enfoque integrado. Las poblaciones locales y pueblos indígenas tienen que ser los mayores beneficiarios y tener un rol protagónico, tanto en el proceso de planificación, como en la implementación, monitoreo y evaluación de la actividad turística.

3. Como elementos necesarios a la implementación de un turismo sustentable, recomendamos: I. Descentralización de la planificación turística a nivel local y municipal; II. Democratización y mayor transparencia de los espacios de toma de decisión con efectiva participación de la sociedad civil. III. El cumplimiento de la fiscalización de la legislación ambiental y turística. IV. La efectiva implementación de políticas de ordenamiento del territorio, planificación y evaluación ambiental y regularización de las tierras para las comunidades tradicionales e indígenas. V. Una política clara de responsabilidad social. VI. La oportunidad de acceso al capital para inversiones de microempresas, promoviendo capacitación técnica y de administración para pequeños negocios. VII. El desarrollo de programas de conservación de los ecosistemas y de cultura local, y VIII. El fomento a programas de educación ambiental para comunidades locales, indígenas y turistas.

III.4. Gestión Ambiental Compartida:

1. Estamos a favor de un modelo de gestión ambiental compartida fundamentada en los principios de la corresponsabilidad, cogestión, mediante el cual se garantice espacios adecuados de información, consulta y participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones en todos los asuntos públicos relativos al ambiente.

2. Solicitamos a los ministros a ratificar e implementar los acuerdos y compromisos contenidos en:

a. Capítulos 23 al 32 de la Sección III de la A21, resaltando la necesidad de reconocer el papel de los Grupos Mayoritarios.
b. Principio 10 de la declaración de Río, enfatizando la necesidad de acceso a la Información
c. Plan de acción de Johannesburgo
d. Estrategia Interamericana para la Promoción de Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible de la OEA.
e. Así como los recientes pronunciamientos ministeriales a favor de la mejora de los mecanismos de participación de la SC.

3. Exhortamos a la reunión ministerial para que brinden su apoyo a las iniciativas de la sociedad civil de formar una comisión de trabajo que tenga como objetivo:

a. Iniciar una revisión y examen de las experiencias y mecanismos de participación directa en la toma de decisiones en todos los asuntos públicos relativos al desarrollo sostenible en sus diferentes niveles de la administración pública local, estatal o nacional.
b. Proponer mecanismos concretos de participación de la SC en la toma de decisiones en la gestión ambiental
Los reportes de los grupos de trabajo así como el Informe Final, contienen detalles mas comprensibles de las deliberaciones del diálogo de la sociedad civil y están disponibles para mayor información con PNUMA/ORPALC.

.